miércoles, 3 de diciembre de 2008

Más de quince años de litigio

La declaración del paraje como Patrimonio de la Humanidad no ha servido para que la empresa de Martínez Nuñez paralizase la explotación, envuelta en polémicas constantes sobre su legalidad
Al amparo del proyecto original que hace cuarenta años permitió a Canteras Industriales del Bierzo comenzar a explotar Peña del Rego, Catisa ha estado sorteando todo este tiempo la polémica casi inmemorial en torno a la legalidad de sus actividades en la zona. Conocida la cuestión por el berciano de a pie como un tema más de los de cada día, la declaración de Patrimonio de la Humanidad que la Unesco concedió a las antiguas minas romanas aportó un giro notable a la guerra de réplicas y contrarréplicas en la que las administraciones y los partidos que las han gobernado se fueron enzarzando en todo este tiempo. Sentencia del TSJ Hace ya cuatro años, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestimó a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo un recurso presentado por Catisa para modificar la clasificación de la explotación, de tal forma que se pudiera ampliar legalmente la superficie de terreno sobre el que trabajaba la cantera, que ya entonces rozaba los límites legales. El proyecto pretendía ampliar en 63 hectáreas los límites que por entonces se habían establecido. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ya significó entonces la idoneidad de reducir el impacto visual que generaba la macrocantera de Martínez Núñez en uno de los principales reclamos turísticos de la comarca. Extrañeza Real Incluso Su Majestad la reina Doña Sofía expresó su extrañeza en la última visita que cursó a Las Médulas, sorprendida por el pésimo efecto visual que provoca para el turista la presencia de la cantera justamente al lado de los restos de las minas romanas. Asociaciones ecologistas como A Morteira, Tyto Alba, Ecologistas en Acción o La Olla Berciana han defendido durante todo este tiempo la idoneidad de emprender medidas de cualquier tipo para impedir la explotación. La querella aporta ahora un giro notable a esta cuestión. Los juzgados tienen ahora la última palabra.

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