El vicepresidente del comité español de Icomos (organismo que trabaja para la Unesco en materia de monumentos y sitios históricos y artísticos), y que a la vez lleva en España la cátedra de la Unesco sobre Patrimonio Minero e Industrial, José María García de Miguel, ha planteado sin ambages que la Junta de Castilla y León debe actuar de forma decidida en Las Médulas ante el impacto que está ocasionando en este Patrimonio de la Humanidad la cantera de Catisa.
De Miguel es ingeniero de minas, catedrático de la Escuela de Minas de Madrid, y en declaraciones a este periódico dijo lo siguiente: «En el momento en que jurídicamente se pueda, cuando la concesión que tiene para la explotación venciera, la Junta no debe renovarla». De igual forma, el representante del organismo español ante la Unesco considera que la Administración autonómica debe «negociar con él (en referencia al propietario de Catisa, José Martínez Núñez) el abandono de la explotación de una manera razonable».
Sobre el hecho de que la cantera de Catisa en Las Médulas cuente con unos derechos jurídicos, como concesión anterior a la declaración de la zona como Patrimonio de la Humanidad, el representante de Icomos y de la cátedra de la Unesco es claro con el ejemplo que aporta: «En Atapuerca tienes una línea de parques eólicos que te machacan el paisaje, un gran impacto visual. Pero lo que se puede hacer aquí es tomar políticamente las medidas para que, en la medida de lo posible y a la menor oportunidad, todo eso se vaya de allí».
La reacción de Icomos llega después de saberse que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de León ha interpuesto una querella criminal por la actuación desarrollada en la cantera que Catisa tiene frente a Las Médulas.
Desde la cátedra de la Unesco no se actúa en este caso con estatuto jurídico, pero sí académico. «La Unesco lo que hace son declaraciones de patrimonio mundial, como es ese de Las Médulas, que es un compromiso del Estado. Y el compromiso que adquiere con la Unesco, teóricamente está por encima de la legislación nacional», explica De Miguel.
Por eso, insiste en que la Unesco pocas veces interviene a la hora de formular denuncias judiciales a un país. «Lo más que hace es amenazar, y en algún caso lo ha hecho, y eso consiste en poner al bien declarado dentro de la línea de patrimonio en riesgo», advierte el catedrático.
Icomos tiene un estatus jurídico como oenegé. En alguno ocasión sí han interpuesto denuncias y han llevado adelante juicios, pero en este caso están aún valorando si entrarán en una causa de este estilo sobre la cantera de Las Médulas. «Una cosa son los principios legales y otra es, digamos, según los principios internacionales sobre la doctrina de conservación de patrimonio que sería deseable», expresa.
De Miguel es ingeniero de minas, catedrático de la Escuela de Minas de Madrid, y en declaraciones a este periódico dijo lo siguiente: «En el momento en que jurídicamente se pueda, cuando la concesión que tiene para la explotación venciera, la Junta no debe renovarla». De igual forma, el representante del organismo español ante la Unesco considera que la Administración autonómica debe «negociar con él (en referencia al propietario de Catisa, José Martínez Núñez) el abandono de la explotación de una manera razonable».
Sobre el hecho de que la cantera de Catisa en Las Médulas cuente con unos derechos jurídicos, como concesión anterior a la declaración de la zona como Patrimonio de la Humanidad, el representante de Icomos y de la cátedra de la Unesco es claro con el ejemplo que aporta: «En Atapuerca tienes una línea de parques eólicos que te machacan el paisaje, un gran impacto visual. Pero lo que se puede hacer aquí es tomar políticamente las medidas para que, en la medida de lo posible y a la menor oportunidad, todo eso se vaya de allí».
La reacción de Icomos llega después de saberse que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de León ha interpuesto una querella criminal por la actuación desarrollada en la cantera que Catisa tiene frente a Las Médulas.
Desde la cátedra de la Unesco no se actúa en este caso con estatuto jurídico, pero sí académico. «La Unesco lo que hace son declaraciones de patrimonio mundial, como es ese de Las Médulas, que es un compromiso del Estado. Y el compromiso que adquiere con la Unesco, teóricamente está por encima de la legislación nacional», explica De Miguel.
Por eso, insiste en que la Unesco pocas veces interviene a la hora de formular denuncias judiciales a un país. «Lo más que hace es amenazar, y en algún caso lo ha hecho, y eso consiste en poner al bien declarado dentro de la línea de patrimonio en riesgo», advierte el catedrático.
Icomos tiene un estatus jurídico como oenegé. En alguno ocasión sí han interpuesto denuncias y han llevado adelante juicios, pero en este caso están aún valorando si entrarán en una causa de este estilo sobre la cantera de Las Médulas. «Una cosa son los principios legales y otra es, digamos, según los principios internacionales sobre la doctrina de conservación de patrimonio que sería deseable», expresa.
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